Virginia Aparicio: ciencia, plaguicidas y un caso que sacude al INTA
Virginia Aparicio investigó la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente como parte del proyecto internacional SPRINT.
El nombre de Virginia Aparicio pasó de los papers científicos a los títulos de los diarios. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del CONICET con más de veinte años de trabajo en la Estación Experimental Balcarce, se convirtió en una de las figuras más discutidas de la ciencia argentina a raíz del proyecto SPRINT, el estudio internacional que midió la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias. En octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA resolvió exonerarla tras un sumario administrativo, la sanción más severa del empleo público nacional, y abrió con ello un debate que excede su caso personal: hasta dónde llega la libertad de investigar cuando los resultados incomodan.
Dos décadas midiendo lo que nadie veía
Aparicio construyó su carrera en la Unidad Integrada Balcarce, el polo que comparten el INTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata en el sudeste bonaerense, donde trabajó durante más de veinte años. Su campo es tan específico como sensible: la dinámica de los residuos de productos fitosanitarios en suelos y aguas, un terreno donde la química analítica se cruza con la producción agropecuaria y la salud pública.
Su perfil técnico creció a la par del equipamiento que supo operar. Cuando el INTA adquirió un espectrómetro UPLC MS/MS, el organismo la envió a capacitarse a la empresa Waters, en Estados Unidos, para ponerlo en funcionamiento. Con esa capacidad instalada, su laboratorio hizo mediciones de referencia sobre glifosato y otros compuestos; las pericias de su equipo sobre muestras de suelo y agua llegaron incluso a ser examinadas en un juicio penal. En paralelo escaló posiciones en el CONICET hasta la categoría de investigadora independiente.
SPRINT: la Argentina en un consorcio europeo de primer nivel
El proyecto que definió su trayectoria llegó por la vía institucional. En 2018, Labintex-EU, la estructura del INTA radicada en Montpellier para vincular científicos argentinos y europeos, la conectó con Violette Geissen, especialista en suelos de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. De ese contacto surgió la participación argentina en SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach), un consorcio financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea con 14 millones de euros, cuyo ingreso el INTA aprobó en 2020.
La Argentina fue el único país no europeo del estudio, seleccionada por su peso como exportadora de soja para alimentación animal, y Aparicio asumió la coordinación del sitio local. El trabajo midió residuos de plaguicidas en matrices ambientales, vegetales, animales y humanas, con la participación de 73 personas voluntarias del sudeste bonaerense además de muestras de alimentos, suelo y agua. Pocas veces un equipo argentino había integrado una investigación de ese alcance sobre un tema tan sensible para el modelo productivo del país.
El conflicto con el INTA y la exoneración de 2026
Las tensiones aparecieron cuando los datos empezaron a conocerse. En 2023 el organismo frenó las reuniones previstas para devolver los resultados a los participantes del estudio y le prohibió difundir las mediciones; en diciembre de ese año abrió un sumario administrativo, y en 2024, bajo la presidencia de Mariano Garmendia, decidió retirar a la Argentina del proyecto. El proceso culminó el 26 de octubre de 2026, cuando el Consejo Directivo formalizó su exoneración mediante la Resolución 366, una medida que implica la salida definitiva del organismo y la inhabilita para la administración pública nacional.
Las dos versiones del conflicto están sobre la mesa. El INTA fundó la sanción en supuestos incumplimientos en el ejercicio de sus funciones y el manejo de recursos públicos, entre ellos haber asignado a una persona un rol en la coordinación y supervisión de datos sin autorización formal del organismo ni intervención de los órganos del consorcio. Aparicio, por su parte, cuestionó la validez del procedimiento y el respeto de su derecho de defensa; su abogado, Mario Bolla, sostuvo que la investigadora informó cada paso del proyecto a su jefe directo y que los fondos ingresaron a las cuentas del INTA, cumplieron los circuitos administrativos y superaron auditorías favorables tanto en la Argentina como en Europa.
Una comunidad científica movilizada y una disputa que sigue
El caso trascendió los pasillos de Balcarce. El gremio APINTA rechazó la exoneración y reclamó libertad para investigar, la Facultad de Agronomía de la UBA pidió garantías de debido proceso y proporcionalidad en las sanciones, y desde ATE CONICET, universidades y organizaciones socioambientales se juntaron miles de firmas bajo la consigna de defender la ciencia pública, con el acompañamiento de vecinos de Balcarce que habían sido voluntarios del estudio. Ella misma resumió su ánimo en una frase que recorrió los medios: está en modo lucha.
Su historia queda, por ahora, abierta. Aparicio anticipó que discutirá la sanción en la Justicia, de modo que la palabra final sobre el sumario la tendrán los tribunales. Lo que ya nadie discute es el lugar que ocupó: una especialista formada durante décadas en el sistema científico público, que llevó a la Argentina a un consorcio internacional de primera línea y que instaló en la conversación nacional una pregunta incómoda y necesaria sobre qué dejan los plaguicidas en el ambiente y en las personas. Sea cual sea el desenlace judicial, su caso ya funciona como referencia en el debate sobre la autonomía de la investigación en el país.
